Focos rojos de violencia en Tapachula, alerta Conavim

Un reciente estudio recoge datos sobre las condiciones de vulnerabilidad de la ciudad fronteriza de Chiapas conocida como "La Perla del Soconusco"

Ha aumentado la percepción ciudadana de Tapachula como una ciudad insegura a raíz del incremento en las violaciones a los derechos humanos, dice la Conavim

Un estudio realizado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) alerta sobre los focos rojos existentes en la ciudad de Tapachula, Chiapas, donde existen condiciones que elevan la vulnerabilidad de la población femenina y joven de esa localidad.
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Sistema de justicia penal de Chiapas debe modificarse

Visitan expertos del la Fundación para el Debido Proceso Legal el estado de Chiapas

Las modificaciones al sistema de justicia penal nacional son adecuadas, pero el estado de Chiapas deberá modificar también su marco normativo estatal para que sea acorde a la reforma nacional, aseguraron expertos de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) quienes se encuentran de visita en el estado.
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Recibe ex obispo de Chiapas premio internacional de Derechos Humanos

Raúl Vera López recibió un reconocimiento de la Fundación Rafto

El obispo de Saltillo, José Raúl Vera López, recibió el premio anual de derechos humanos que otorga la organización noruega Fundación Rafto, por la defensa que el clérigo ha hecho de los derechos de migrantes e indígenas.
La organización con sede en Oslo destacó a Vera López, ex obispo de Chiapas en los 90's, por su "crítica inflexible del abuso de poder y ser un valiente defensor de los migrantes, indígenas y otros grupos en riesgo en la sociedad mexicana".
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Violación a derechos humanos en Chiapas continúa

Continuaron las agresiones a defensores y luchadores sociales, según informe del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos

Chiapas, Oaxaca y Guerrero encabezan los índices de represión contra comunidades indígenas y son, a la vez, los estados con los más altos indíces de pobreza y población indígena en el país.
En esas entidades, los defensores comunitarios de los derechos de los pueblos indígenas fueron de los grupos más afectados por la represión violenta de gobierno y grupos paramilitares, consigna el informe anual del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
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Criminalizan en San Cristóbal el arte callejero del graffiti

Durante 2009, autoridades consignaron a 47 personas por realizar graffiti, la mayoría menores de edad que fueron expuestos como criminales

Antony Flores Mérida
Tuxtla Gutiérrez

Pese a las denuncias que particulares y sociedad civil han realizado sobre la criminalización juvenil que se vive en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, se siguen registrando detenciones de artistas callejeros –comúnmente calificados como grafitteros-, quienes son detenidos muchas veces de forma arbitraria por disposición de las autoridades municipales del ayuntamiento que preside Mariano Díaz Ochoa.
Como respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, la Unidad Juíridico Social Municipal de San Cristóbal de Las Casas, bajo el oficio número UJSM/077/2010 dio a conocer que, tan sólo durante 2009, fueron detenidas 47 personas por el “delito” de “realizar pintas”.
Según los datos aportados por la dependencia municipal, la mayoría de los detenidos eran menores de edad. Del total de detenidos, 45 eran varones y dos mujeres y, de ellos, 32 eran menores de edad, destacando el hecho de que existieron entre los detenidos un niño de 12 años, tres de 13 años, cinco adolescentes de 14, nueve de 15 y seis de 16; además de ocho jóvenes de 17 años.

La mayoría de los detenidos, coletos

En respuesta a una solicitud de acceso a la información, la Dirección de Policía, Tránsito y Protección Civil Municipal, mediante el oficio número XII/02-0179/2010 reportó que la mayoría de los detenidos, 38 en total, eran originarios de San Cristóbal de Las Casas.
El resto pertenecían a ciudades como el Distrito Federal (una persona), o países como Suecia (1), Argentina (1), Estados Unidos (1), y cinco personas que no dieron información sobre su origen.
Las autoridades de San Cristóbal de Las Casas fueron cuestionadas sobre el delito que se le imputó a los detenidos o consignados así como las penas que les fueron impuestas. Al respecto, la Dirección de Policía, Tránsito y Protección Civil respondió:
“Las sanciones impuestas a personas que realizan grafittis están fundadas en el Art. 40. Fracción XLIVI (sic) del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio (sic) de San Cristóbal de las (sic) Casas, Chiapas; el cual estipula que se considera una falta administrativa: ‘pintar o manchar las fachadas de los edificios, estatuas, monumentos, postes y arboles (sic)”.

Hasta 2 mil 750 pesos de multa por “pintas”

La Unidad Jurídico Social Municipal de San Cristóbal de Las Casas señala que las multas impuestas a los “grafitteros” fueron de mil hasta 2 mil 750 pesos, además de que en algunos casos se realizó la detención de 36 horas por “falta administrativa” en contra de los presuntos implicados.
En el caso de los calificados como “menores infractores” –jóvenes menores de edad que fueron detenidos-, la instancia reportó que se les realizó un apercibimiento, a lo que la Dirección de Policía, Tránsito y Protección Civil añade que “fueron puestos a disposición del juez calificador en turno”.
En total, durante 2009, seis personas tuvieron que pagar la multa administrativa y cinco cumplieron sanción administrativa de 36 horas de arresto.
Cabe señalar que la Dirección de Policía reporta que, del total de detenciones, cinco se realizaron durante patrullajes preventivos realizados por las corporaciones policiacas y 16 personas fueron puestas a disposición como resultado de llamadas de auxilio de la ciudadanía.

Reportan organizaciones violaciones a derechos humanos

Sin embargo, más allá de las cifras aportadas por las autoridades, la sociedad civil organizada reporta violaciones a los derechos humanos en el caso de los adolescentes que en un momento dado fueron detenidos.
Tan sólo el 4 de febrero pasado, las organizaciones Melel Xojobal A.C., Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. y el Colectivo Graffitiarte señalaron a las autoridades municipales del ayuntamiento que preside Mariano Díaz Ochoa de cometer violaciones a los derechos humanos de niños y adolescentes que fueron detenidos cuando realizaban pintas –o grafittis- con permiso de los propietarios de las viviendas en las que se llevaba a cabo la actividad.
En los testimonios de los detenidos, se señala que fueron detenidos “cuatro escritores de graffiti por policías municipales, cuando realizábamos murales en los que teníamos trabajando varios días y contábamos con el permiso de los dueños”.
“El proceso de detención tuvo muchas irregularidades. No se les informó debidamente sobre su situación legal. Dos escritores detenidos no fueron presentados ante el juez calificador en turno y pasó más de una hora antes de que los dejaran realizar una llamada. Por otro lado, los jueces calificadores fincaron los cargos en base a modificaciones a un reglamento municipal que no ha sido de conocimiento público y que encima se negaron a mostrar, lo que se agrava ante el hecho de que los funcionarios públicos caían en contradicciones sobre el carácter de las modificaciones legales y decían que no conocían el nombre del reglamento al que se apegaron para hacer las detenciones” señalan las organizaciones civiles.
Las organizaciones civiles denunciaron el clima de “criminalización juvenil” y hostigamiento que se está viviendo en San Cristóbal de Las Casas y de cuyo blanco son los artistas callejeros o “escritores”, las cuales ya han derivado en crímenes como señala la organización civil Melel Xojobal.” Estas detenciones arbitrarias se enmarcan en el contexto de criminalización de la juventud y políticas de limpieza social que el Ayuntamiento viene implementando desde el 2009, las cuales tuvieron como consecuencia la muerte del joven de 16 años Víctor Martín Penagos Estrada “El Burla” quien fue asesinado por realizar una pieza de graffiti en un edificio abandonado de la ciudad”.

Exponen como criminales a los jóvenes

Las organizaciones civiles denunciaron la forma en que fueron expuestos públicamente los jóvenes –tal como ha sucedido en otros casos- ante la sociedad y a través de medios de comunicación.
“En la radio y prensa local los jóvenes fueron exhibidos al proporcionar datos de índole privada como son sus domicilios particulares. Además, los diarios muestran fotografías de los cinco jóvenes portando un cartel que muestra su nombre completo, edad, y la leyenda “Motivo: (Grafitero)”, denunciaron las organizaciones en cuestión.
Según la Coordinación Jurídico Municipal a cargo de Juan Pablo Ballinas, las detenciones se encuentran justificadas en la Ley de Ingresos Municipales 2010, no obstante, consultado el sitio web del ayuntamiento coleto en http://www.sancristobal.gob.mx/ en el apartado Leyes de Transparencia, no se puede tener acceso a ninguna de las leyes municipales y tampoco se encuentra publicada la citada “Ley de Ingresos Municipales 2010”.
Lo que sí consigna el sitio web del ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas es la detención de otras dos personas el 9 de febrero por “pintarrajear paredes”.

PGJE concentró recomendaciones de CDH en 2009

El organismo emitió 21 recomendaciones a lo largo del año a diversas dependencias y ayuntamientos

Antony Flores Mérida
Tuxtla Gutiérrez

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fue la instancia que concentró el mayor número de las recomendaciones que emitió la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado de Chiapas.
Según la información publicada en los portales de transparencia (http://intranet.fpchiapas.gob.mx/infomex) y en respuesta a una solicitud de información realizada por un particular, la unidad de enlace de la CDH dio a conocer que durante el 2009 –y según el corte emitido al momento de dar la respuesta a la solicitud de datos, el pasado 26 de enero-, se emitieron 21 recomendaciones a dependencias estatales y ayuntamientos.
La CDH fue cuestionada por un ciudadano en torno a qué instancia fue la más recurrente en cuanto a recomendaciones y el organismo respondió que la PGJE fue objeto de ocho recomendaciones, siguiéndole en cantidad la Secretaría de Salud que recibió tres recomendaciones de la comisión; la Secretaría de Educación recibió dos, misma cantidad de notificaciones fueron emitidas hacia la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mientras que el Instituto de Población y Ciudades Rurales recibió una recomendación.
Así mismo, la CDH en su respuesta a la ciudadanía señaló que ninguna de las dependencias estatales rechazaron las recomendaciones que el organismo emitió, sin embargo, en el caso de los ayuntamientos, el de Venustiano Carranza no dio respuesta a una de las recomendaciones recibidas.
El particular que realizó la solicitud de información con fundamento en la Ley que garantiza la Transparencia y el Acceso a la Información Pública para el Estado de Chiapas, cuestionó también “cuál fue el motivo de recomendaciones, en particular, de las dependencias del ramo de seguridad”.
La CDH respondió que en ese caso específico a “la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana [las recomendaciones recibidas fueron] por trato cruel y/o degradante, abuso de autoridad, imputación indebida de hechos”.
Cabe señalar que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “en caso de comprobarse violación de Derechos Humanos, y no es posible llegar a la amigable composición, se emite una recomendación”, la cual contiene: Descripción de los hechos violatorios de Derechos Humanos, enumeración de las evidencias que demuestran violación a Derechos Humanos, descripción de la situación jurídica generada por la violación a Derechos Humanos y del contexto en el que los hechos se presentaron.
De igual forma, la recomendación incluye observaciones, adminiculación de pruebas y razonamientos lógico-jurídicos y de equidad en los que se soporte la convicción sobre la violación de Derechos Humanos reclamada y recomendaciones específicas, que son las acciones solicitadas a la autoridad para efecto de reparar la violación a Derechos Humanos y sancionar a los responsables.