Violación a derechos humanos en Chiapas continúa

Continuaron las agresiones a defensores y luchadores sociales, según informe del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos

Chiapas, Oaxaca y Guerrero encabezan los índices de represión contra comunidades indígenas y son, a la vez, los estados con los más altos indíces de pobreza y población indígena en el país.
En esas entidades, los defensores comunitarios de los derechos de los pueblos indígenas fueron de los grupos más afectados por la represión violenta de gobierno y grupos paramilitares, consigna el informe anual del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.

El informe hace énfasis en el problema de la migración, señalando que -según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)-, cada año, 18 mil migrantes sufren secuestro por parte del crimen organizado.

Asimismo, reporta la represión y agresiones que han sufrido integrantes del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas"(Frayba) en el último año.
El informe señala la agresión que el director del centro, Diego Cadenas Gordillo, sufrió entre el 14 y 20 de junio de 2009, cuando fue vigilado por sujetos con el rostro cubierto.
El 18 de septiembre de 2009, el abogado del Frayba, Ricardo Lagunes Gasca, gue agredido por integrantes del grupo paramilitar Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) durante una visita al ejido Jotolá, en Chilón.
En cuanto a las agresiones por parte de la autoridad, en este caso, estatal, el informe recuerda el caso del 8 de noviembre de 2009, cuando 20 policías irrumpieron en la casa de Adolfo Guzmán Ordaz, de la Organización Enlace, Comunicación y Capacitación A.C., hechos en los que amenazaron a la esposa del defensor mientras éste era interrogado, de forma ilegal.
Aunque el defensor y su esposa interpusieron una demanda, debido a amenazas, se desistieron de la acción y las autoridades estatales no investigaron el hecho.
El organismo internacional reporta actos de hostigamiento judicial en Chiapas, como el del 30 de septiembre de 2009, cuando un operativo de la PGR y procuraduría estatal ingresó a la comunidad 28 de Junio en Venustiano Carranza para arrestar a José Manuel Hernández Martínez, integrante de la Organización Campesina Emiliano Zapata.
El líder social fue acusado de asociación delictuosa, despojo y daños y en octubre del mismo año, fue trasladado, sin notificación previa a abogados o familiares, al penal federal de Nayarit, donde después de una intensa defensa social fue liberado a finales de noviembre pasado.

Asesinatos políticos en Chiapas

El organismo internacional consigna también el caso de Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), quien se oponía a un proyecto minero de la empresa canadiense Blackfire Exploration Ltd, y quien por ello fuera asesinado el 27 de noviembre de 2009.
El líder antiminero había presentado una denuncia antes de su muerte por amenazas de trabajadores de Blackfire e incluso había sido retenido ilegalmente por autoridades en agosto de 2009.
Aunque varias personas fueron arrestadas por el homicidio, el caso no se ha aclarado y Blackfire se deslindó de todos los hechos.
Otro hecho violento fue el ocurrido el 21 de julio de 2009, cuando miembros del grupo acusado de acciones paramilitares, Ejército de Dios, atropelló a un grupo de ejidatarios miembros de La Otra Campaña que se oponían a la construcción de la carretera San Cristóbal-Palenque, hechos en los que murió Aurelio Díaz Hernández y una persona más resultó herida.
El mismo día de los hechos, miembros del mismo grupo paramilitar golpearon a otros dos adherentes de La Otra Campaña, pero como resultado del conflicto, sólo una persona fue detenida por las autoridades.
Para un panorama completo de la situación de derechos humanos en México y el mundo, se puede consultar el informe completo desde el sitio del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.