Golpeada y despojada, mujer denuncia agresión desde el hospital

La comerciante fue golpeada por no acceder a las peticiones del presidente municipal de Tonalá, Hilario Gómez

Ana Laura Hernández

Tuxtla Gutiérrez

En el marco del Día Internacional de la Mujer, mismo que se celebró el día de ayer, Mercedes Carrasco Solís fue ingresada en las instalaciones de un nosocomio en la capital chiapaneca tras haber sufrido fuertes golpes por presuntos representantes de la Cervecería Superior y el notario público Aharon Cisneros, ante la presencia del secretario de Acuerdos de la Fiscalía de la zona, de nombre Roberto, mismos que pretendían romper los candados de su local, ubicado en Puerto Arista, en el municipio de Tonalá.

Convaleciente y diagnosticada con un fuerte sangrado vaginal, Mercedes Carrasco Solís explicó que a los presuntos representantes les pidió alguna orden judicial para actuar como lo estaban haciendo; sin embargo, estos hicieron caso omiso y con lujo de violencia la despojaron de su propiedad.

Relató que la mantuvieron retenida al interior del inmueble durante hora y media, tratando de obligarla a firmar un documento donde cedía el traspaso del mismo.

La afectada subrayó que el trasfondo de esta situación se debe a no haber accedido a las propuestas hechas por Hilario Francisco González Vázquez, presidente municipal de ese lugar, quien empezó a acosarla sexualmente, llegando inclusive a querer intentar subirla a la fuerza a su automóvil, explicó.

Tras esta mala experiencia, dijo, acudió a la fiscalía de la zona, en donde no tuvo respuesta alguna, por lo que decidió acudir a la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de las Mujeres en Tuxtla Gutiérrez, en donde levantaron el acta administrativa 2862/UEDSYVF2/2009.

La afectada dijo que también solicitó ayuda a la PGR en Arriaga, donde interpuso la demanda 1258-C3/T1/2009, de fecha 22 de diciembre.

De esa manera, pudo trabajar desde el 29 de diciembre al 4 de enero, cuando llegaron a cortar la luz por orden de Javier Palacios López, quien es apoderado legal de Exclusivas de Tuxtla.

Sin embargo, al no obtener ningun tipo de respuesta de las “autoridades especializadas”, acudió al congreso local para intentar hablar con la presidenta de Equidad de Género, Ana Elisa López Coello, quien en voz de Carrasco Solís, se negó a atenderla por no estar vestida como gente decente y porque “seguramente se trataba de alguna incitadora”.

“Fue por medio de su secretaria particular que mandó a decir que ella no atendía ese tipo de asuntos y que mejor resolviera mis problemas como pudiera, negándose definitivamente a hablar conmigo, yo creo que porque me vio chancluda y porque visto de una forma sencilla no quiso atenderme la mujer”.

Por último, Carrasco Solís pidió a las autoridades a atender su petición de ayuda, pues ahora teme por su vida y la de su familia, ya que por el abuso de autoridad del cual fue objeto se siente desprotegida.

Cabe señalar que, por fuentes cercanas a este lugar, en donde se llevaron a cabo los hechos mencionados, se sabe que el establecimiento que pertenece a la afectada se encuentra abierto y esta siendo atendido por Gladis Bonilla Bonifaz, quien obtuvo permiso autorizado por el ayuntamiento a cargo de Hilario Francisco González Vázquez, para venta de abarrotes y cervezas.

Mujeres se pronuncian contra Ley de Paternidad Responsable

Califican la reforma de “ley antiaborto” y piden que se tome en cuenta los derechos humanos de las mujeres

Antony Flores Mérida
Tuxtla Gutiérrez

Colectivos feministas y asociaciones civiles pro equidad de género se pronunciaron en contra de la iniciativa de Ley de Paternidad Responsable y las reformas previstas al respecto, por considerar que no toman en cuenta los derechos de las mujeres. La iniciativa, calificada como una “ley antiaborto”, fue calificada incluso como contradictoria con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) recientemente integrados al marco constitucional.
Nancy Zárate Castillo, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), señaló que en los ODM, metas 3 y 5, se establecen aspectos como la reducción de la mortalidad materna y generar mayor equidad de género, pero la reforma que estará siendo analizada por los diputados del Congreso del Estado va en contra de dichos objetivos.
“Queremos que los diputados legislen a favor de los derechos humanos de las mujeres” señaló la activista, quien dio a conocer el pronunciamiento conjunto de diversas asociaciones civiles.
La reforma en cuestión, explicó, modificaría el código civil del estado para reconocer que la capacidad jurídica de las personas se adquiere con la concepción y no con el nacimiento, como lo establece actualmente el artículo 20 del Código Civil.
“El señor Magdy Martínez Solimán, representante de Naciones Unidas en México, ha hecho un llamado a legisladores y autoridades para que no manden más mujeres a la cárcel; las reformas constitucionales que protegen la vida en gestación limitan los derechos de las mujeres y ponen en riesgo el derecho a la salud” tal como ha declarado el representante de la ONU.
Lamentaron también que haya sido una diputada, Ana Elisa López Coello, la que diera a conocer dicha reforma, pues consideran que ésta va en contra de los derechos de las mujeres.
Margarita Garrido, coordinadora del Observatorio de Violencia hacia la Mujer y Equidad de Género, señaló que “las mujeres chiapanecas queremos seguir creyendo en las autoridades que se han manifestado a favor de las mujeres, por lo que si intervienen para que no pase esta ley en la que no estamos de acuerdo, no perderemos esa confianza”.
A su vez, Marta Deita, destacó que en Chiapas el 37 por ciento de las familias chiapanecas está siendo dirigida por una mujer sola, por lo que no se puede obligar a las mujeres a la maternidad mediante la ley.
Actualmente, añadió, en Chiapas se cuenta con la posibilidad legal de interrumpir un embarazo cuando se presenta una malformación congénita o éste es resultado de una violación, sin embargo, no existe una ley reglamentaria que permita a las mujeres acceder a ese derecho y los ministerios públicos así como las autoridades sanitarias no saben cómo aplicar esta parte de la ley.
De igual manera, Marta Figueroa, del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, añadió que la ley en cuestión está mal conceptualizada pues, desde la propia lógica de la reforma, prácticas como la fecundidad asistida, los dispositivos intrauterinos (DIU), entre otros, implicarían la comisión de un delito que estaría denominado como homicidio.
Estas reformas, dijo, no benefician a las mujeres, pues en los estados donde existen leyes como ésta (17 entidades en todo el país) unas 400 mujeres enfrentan procesos penales encarceladas por abortar, con cargos de homicidio.
Hicieron un enérgico llamado a la legislatura local a no permitir que esta ley sea aprobada, pues jamás se les consultó al sector afectado, las mujeres.
De último momento se supo que la Ley de Paternidad Responsable fue sacada de la orden del día de la sesión del Congreso del Estado a realizarse este día.