Priístas piden juicio político contra gobernador de Chiapas

Durante el mes de septiembre, diputados locales "escondieron" el Periódico Oficial del Estado donde se evidenciaba que habían tratado, y no a la luz pública, una reforma con tintes anticonstitucionales que cancelaba la elección local intermedia de 2010 y postergaba el mandato de los diputados locales, anulaba los ayuntamientos para convertirlos en "concejos municipales" y homologaba la elección local con la venidera en 2012.

La reforma, a todas luces, anticonstitucional, causaría efectos y este lunes 26 de octubre salió a la luz, primero en El Universal en Línea (de donde, misteriosamente, desapareció rato después) la "noticia" de que militantes y abogados priístas habrían interpuesto una demanda de juicio político contra Juan Sabines Guerrero.

Al ser una nota publicada en web, la reproducimos íntegra y dando el respectivo crédito al sitio. Reproducimos además una serie de vínculos donde apareció la misma información.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Abogados y militantes del PRI interpusieron una demanda de juicio político contra el gobernador perredista Juan Sabines y diputados locales de ese partido, por reformas a la Constitución local que cancelaron las elecciones del próximo año y prolongan en el cargo a legisladores y presidentes municipales.

El grupo de priístas presentó, además, ante el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, una demanda de expulsión contra 14 diputados de la actual 63 Legislatura local.

Los 40 diputados locales aprobaron reformas a la Constitución chiapaneca, con las cuales cancelan la elección del próximo año y se prolongan un año y ocho meses más en el cargo.

Mientras que en los 118 Ayuntamientos se integrarán concejos municipales.

Pese a que las reformas fueron aprobadas el 12 de septiembre, éstas fueron conocidas oficialmente con la publicación del periódico oficial del estado hasta el 16 de este mes, cuando la edición se hizo pública y se envió a los suscriptores.

El representante legal de los priístas inconformes, Roberto Santos Hernández, aseguró que, no obstante, el argumento de las reformas es homologarlas con las federales de 2012, y reducir así costos financieros, la aprobación vulneró el principio de la libertad de sufragio y violentó el sufragio efectivo no reelección, tutelados por la Constitución federal.

El doctor en derecho constitucional argumentó que, tanto el Ejecutivo estatal como el Poder Legislativo, agravaron los hechos, al ocultar el decreto de reformas, publicado en el Periódico Oficial del Estado 187, con lo cual se impidió la impugnación legal por la vía de la acción de inconstitucionalidad.

A su vez, el ex diputado federal priísta y presidente de la Organización de Transportistas de Chiapas, Walter León Montoya, aseguró, en entrevista, que los 40 legisladores atropellaron la voluntad popular, la cual no fue tomada en cuenta para aprobar o rechazar su prolongación en el mandato.

"Pasaron sobre los derechos políticos de los chiapanecos, que los eligieron en las urnas sólo por tres años y no por un período fraguado al capricho del gobernador Sabines y de los ahora ilegítimamente llamados diputados", indicó.

La Jornada:

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